DERECHOS SOCIALES

 

La educación pública, gratuita, universal y de calidad es un concepto que nos unifica como candidat@s y sabemos que es el anhelo de todo compatriota. Esto debe ser garantizado en la Nueva Constitución y para eso se requiere, además, una transformación profunda de la educación existente en nuestro país, en todos los niveles.

La calidad a la que aspiramos en Educación, no puede limitarse a ser funcional a las necesidades de una economía globalizada, sino que debe ser una educación que potencie las habilidades de las personas, para lograr una sociedad donde exista mayor igualdad, solidaridad y desarrollo. La educación no puede ser un espacio de negocios.

Deseamos y trabajaremos por garantizar constitucionalmente el derecho a una salud pública, universal, oportuna, eficiente y que no dependa de los ingresos de las personas, ya que es de nuestro convencimiento total, el que toda chilena y chileno debe tener acceso a una salud pública de calidad y ésta debe ser brindada por el Estado. No estamos en contra de la salud privada, pero esta debe operar sin la entrega de fondos públicos para su funcionamiento, además, esta salud privada deberá estar sometida a una adecuada regulación del Estado. El sistema de salud en Chile debe ser oportuno, moderno y sujeto a un control de gestión estatal, que garantice a los ciudadanos el real cumplimiento de sus derechos en un área tan fundamental.

La salud, debe tener además una concepción que no solo sea el de ausencia de enfermedad, sino que debe basarse en los determinantes sociales de la salud, por ello que los Derechos Sociales Garantizados, son parte de la salud y bienestar de la población. Justicia Social, medioambiente y equilibrio ecológico, es derecho a salud para toda la población.

La salud, como derecho humano, debe estar consagrado en una nueva Constitución, se deben integrar los principios de participación justicia, igualdad, solidaridad y acceso universal. El Estado debe promover la Salud como práctica social y cultural extendida entre la ciudadanía de manera mucho más amplia que la sola atención cuando se está enfermo. Se debe prevenir, se debe promocionar el bienestar y no debe haber espacio para lucrar con la salud y vida de las personas, cuestión por la cual, la nueva Constitución debe permitir al Estado, la creación y acceso a todo lo que otorgue bienestar, incluidos los medicamentos.

Previsión al servicio de las personas, jubilaciones suficientes para quienes, luego de una vida de trabajo, dejan su actividad laboral. No más negocios en seguridad social y pago efectivo de pensiones dignas para quienes dejan su vida activa laboral. Debemos poner fin a los abusos, terminar con el sistema de capitalización individual. Debemos consagrar constitucionalmente un sistema de seguridad social pleno y cerrar este ámbito al negocio, para así evitar la miseria de nuestros abuelos.

También es necesario que la Constitución garantice a todo chileno y chilena, el derecho a vivir en viviendas dignas y espacios urbanos y rurales de calidad, con infraestructura social garantizada y un entorno promotor de calidad de vida y libre de inseguridades y contaminación ambiental. El Estado está en condiciones de apoyar y garantizar la construcción de viviendas de calidad.

Hoy más que nunca queda de manifiesto que nuestra democracia debe cambiar y pasar de una meramente representativa a una participativa, en la cual las/os ciudadanos tengamos una participación vinculante frente a las determinaciones que debe tomar el país.

En este ámbito, proponemos por ejemplo, la realización de plebiscitos que aborden temas de interés para la vida en sociedad de todas las personas; impulsar desde la misma ciudadanía, iniciativas populares de ley y también derogar los proyectos de ley que muchas veces los legisladores elaboran, presentan y votan para el bienestar no del pueblo, sino que en función de los intereses de grupos privilegiados y grandes empresarios (como por ejemplo, la ley de pesca entre muchos otros); también se hace necesario, implementar en nuestra legislación, el referéndum revocatorio, para así quitar el mandato representativo que se otorga a autoridades públicas electas, cuando éstas no cumplen sus promesas o derechamente terminan legislando en contra de sus electores y la ciudadanía en general.

En este orden de cosas y con los mecanismos de participación directa que hemos señalado necesarios de instalar, es dable y positivo, desde nuestro punto de vista, avanzar hacia un sistema semipresidencial y eliminar el Senado para lograr un Congreso unicameral y que toda esta estructura esté por fin al servicio de los ciudadanos y no de grupos económicos y de interés que son quienes, a fin de cuentas y con la realidad de testigo, han terminado gobernando e instalando en el poder a representantes que satisfacen sus órdenes y requerimientos. Junto con lo anterior, evaluaremos junto a las organizaciones sociales, comunidades y grupos del territorio la necesidad de reinstaurar o no el voto obligatorio.